El juicio del caso Kitchen reabre la polémica sobre los fondos reservados 40 años después del GAL
La investigación de dos fiscales Anticorrupción afloró el descontrol sobre los fondos reservados, su desvío al “enriquecimiento” de policías y cómo las normas creadas tras el terrorismo de Estado abrieron nuevas puertas de impunidad Vuelve a leer todas nuestras entregas sobre la Operación Kitchen Apoya a elDiario.es para que podamos seguir investigando los abusos del poder La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado.
Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad.
El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado.
Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.
A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—.
Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.
A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.
La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema.
Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”.
En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciand
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