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A juicio una red acusada de piratear contenidos audiovisuales y embolsarse 15 millones

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Madrid, 5 abr (EFE).- La Audiencia Nacional juzga a partir del martes a varios presuntos miembros de una trama que habría obtenido 15 millones de euros con la venta ilegal de contenidos audiovisuales, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series, que conseguía pirateando la señal de numerosas plataformas de pago.

Se sentarán en el banquillo por la presunta comisión de delitos de organización criminal, contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales.

La Fiscalía solicita en su escrito de acusación la condena más alta para el presunto líder de la organización (22 años y medio de cárcel), mientras que para los otros cuatro acusados pide penas de entre 8 años y medio y 16 años y medio de prisión.

Para varios de ellos también reclama multas millonarias que ascienden a 70 millones de euros al presunto líder por el delito de blanqueo, y de 60 a otros implicados, y pide al tribunal que ordene la clausura de los dominios utilizados para poner fin definitivamente al acceso a los canales televisivos.

El juez que investigó el caso estimó en dos millones los usuarios de los servicios ilegales ofertados por la organización y por sus filiales, y calculó que existían unas mil páginas web que ofrecían acceso a algo más de 40.000 canales televisión, series y plataformas en su conjunto.

Distribución ilegal de contenidos audiovisuales La investigación sacó a la luz la existencia de una supuesta organización internacional que tenía por objeto la distribución ilegal de contenidos audiovisuales mediante el sistema IPTV (televisión por protocolo de internet) y el uso de enlaces M3U, ofertados a través de los dominios rapidiptv.com, rapidiptv.net, www.iptvstack.com, el foro https://iptv.community y diversas páginas web.

El ‘modus operandi’ consistía en captar la señal de numerosas plataformas y canales de televisión para ser comunicada por una red privada a su propia estructura de servidores, situada en al menos trece países de Europa y Norteamérica, desde donde era era redistribuida a sus suscriptores.

En la causa se llegaron a personar como acusación particular Warner Bros Entertainment, Universal City

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