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La maquinaria corrupta de Ábalos, Koldo García y Aldama exprimió el dinero público en lo peor de la pandemia

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El Tribunal Supremo juzga al exministro de Transportes, su asesor y un empresario por aprovechar la emergencia sanitaria para lucrarse con los contratos de mascarillas ‘Caso Ábalos: la tríada de la corrupción’: un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas Marzo de 2020.

España afronta la peor crisis sanitaria en más de un siglo .

La población está confinada en sus hogares, los hospitales colapsados y la economía prácticamente paralizada.

En algunas jornadas, la cifra de muertos supera el millar.

Es el escenario en el que algunos empresarios y gestores sin escrúpulos se sirven de la virulencia del virus para hacerse (más) ricos.

El levantamiento de los controles para asegurar el acceso a la red global de suministros y el gran volumen de dinero público que las administraciones destinan a la compra de material sanitario salvan vidas pero, a la vez, enriquece a unos pocos.

Uno de esos empresarios es Víctor de Aldama, un desconocido hombre de negocios que, para entonces, llevaba más de un año pagando supuestamente un sueldo en efectivo de 10.000 euros al mes a Koldo García, el todopoderoso asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos.

También había abonado durante meses un alquiler de lujo a la pareja de este último.

La Guardia Civil ha definido esos pagos como una suerte de “nómina” que le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un Ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros y en otros departamentos de la Administración.

De esta manera, cuando llegó la pandemia Aldama llevaba meses engrasando la maquinaria de la corrupción.

Aprovechando ese acceso directo a Ábalos y Koldo García, obtuvo información privilegiada sobre la necesidad de adquirir equipos de protección.

Supo de esa urgencia cuando la oferta todavía no se había hecho pública, lo que le permitió “adelantarse a posibles competidores y asegurar la perfección del contrato”, según reconoce él mismo en el escrito de defensa que consta en el sumario que empieza esta semana en el Tribunal Supremo.

En la crisis del coronavirus se autorizó la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin concurrencia de ofertas, sin

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