Estatuto del Becario: qué derechos (y deberes) tendrán los estudiantes y qué deberán cumplir las empresas

El Consejo de Ministros aprobó a principios de marzo el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario.

La norma, que se ha aprobado dos años y medio después del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos pero sin la patronal, deberá ahora tramitarse en el Parlamento al tener rango de ley, lo que complica su aprobación definitiva tras la ruptura de Junts con el Gobierno.

Estas son las principales claves del texto aprobado. ¿QUÉ ES EL ESTATUTO DEL BECARIO?

Se trata de una iniciativa con rango de ley destinada a regular las prácticas no laborales en empresas, definir su marco jurídico y establecer los derechos y obligaciones de las personas en formación, así como las sanciones aplicables a las empresas que incumplan la normativa. ¿POR QUÉ EL GOBIERNO LO CONSIDERA UNA “REFORMA LABORAL PARA LAS NUEVAS GENERACIONES”?

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha definido el texto como “la reforma laboral para las nuevas generaciones”.

Según ha explicado, la norma busca que las prácticas se destinen “sencillamente a aprender, a formarse” y que no sustituyan a personas trabajadoras. “Una persona en prácticas no laborales no puede sustituir a un trabajador; a partir de ahora las personas que se están formando van a tener derechos”, ha señalado.

Con esta norma, Díaz ha recalcado que, a partir de ahora, las prácticas no laborales en las empresas “tienen que constar por escrito con un acuerdo específico, en el que quede más que claro cuál es la formación que cada persona tiene que recibir y, además, tiene que tener una doble tutorización”. “Lo que hacemos, que es la gran novedad, es que otorgamos un elenco de derechos a las personas en formación, y de deberes”, ha celebrado Díaz, que ha destacado, entre los derechos, que los becarios puedan ser compensados por los gastos en sus prácticas no laborales en las empresas. ¿QUÉ OBLIGACIONES TENDRÁN LAS EMPRESAS?

Las empresas deberán compensar los gastos derivados de la práctica (desplazamiento, alojamiento o manutención) según lo previsto en el convenio o acuerdo de cooperación.

Además, se establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 225.018 euros para infracciones muy graves en su grado máximo.

Si las infracciones son consideradas muy graves, pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán

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