La arquitectura legal de la minería en Venezuela se reconfigura ante el interés de EE.UU.
Bárbara Agelvis Maza Caracas, 4 abr (EFE).- A imagen y semejanza de la apertura en el sector hidrocarburos, la Ley de Minas que está por aprobarse en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera e incorporar el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, dos aspectos considerados positivos por analistas, aunque el borrador enfrenta escollos por temas como las regalías y el impacto ambiental.
Lleva casi un mes en debate y en 130 artículos esta iniciativa intenta integrar, ordenar, mejorar y corregir el antiguo marco legal que regulaba este sector, favorecido en las últimas semanas por una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos en medio del interés del presidente Donald Trump en el oro venezolano y del nuevo escenario tras el ataque militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
Venezuela hasta ahora tenía una ley de minas de 1999 y un decreto de ley del oro de 2015 que reservaba este mineral al Estado; en la primera se precisa el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos solo ante tribunales nacionales y en el segundo no está contemplado.
El nuevo proyecto, del que han sido avalados hasta la fecha 55 artículos, no solo unifica estas dos normas otorgando la posibilidad de la compra de oro a terceros, aunque con preferencia al Estado durante los primeros cinco días después de su extracción, sino que propone los tribunales de la República, la mediación y el arbitraje frente a posibles disputas sin expresar taxativamente ante cuál jurisdicción.
La propuesta de ley “tiene un avance porque permite el ejercicio de la minería al Estado, a empresas mixtas donde el Estado tenga mayoría accionaria, empresas donde el privado tenga mayoría accionaria y empresas que solamente son privadas”, señaló en una conversación telefónica con EFE el exdiputado e ingeniero Elías Matta, en referencia al artículo 11 de la ley.
Sin embargo, apuntó que en cuanto al tema del arbitraje es necesaria una precisión para dejar claro que se permitirá el mecanismo ante una jurisdicción internacional.
Otros expertos consultados por EFE coinciden en que aún bajo este escenario la ley ofrece garantías jurídicas atractivas para las compañías foráneas.
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