Las CCAA movilizan más de 2.300 millones para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán
La guerra en Irán y su impacto en los precios de la energía y los carburantes ha llevado a las comunidades autónomas a activar paquetes propios de respuesta económica que superan ya los 2.300 millones de euros, centrados principalmente en apoyar a empresas, autónomos y sectores productivos especialmente expuestos al aumento de los costes energéticos.
Estas actuaciones se despliegan en paralelo al plan estatal aprobado por el Gobierno, que contempla 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros para contener los efectos de la crisis derivada de la escalada en Oriente Medio, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la duración del conflicto y su impacto en los mercados internacionales.
Con este plan de respuesta estatal, profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores de toada España tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos hasta el 30 de junio.
La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra y, por ahora, aplicable hasta el próximo 30 de junio.
El Ministerio de Hacienda espera que estas ayudas previstas para los transportistas y los agricultores se puedan empezar a pagar en abril.
En el caso de los agricultores, la devolución por gasóleo agrario se paga a ejercicio vencido, pero la del gasóleo profesional se paga mensualmente.
Por el momento, más de la mitad de las autonomías ha anunciado por su parte iniciativas específicas para amortiguar la presión sobre la actividad industrial, el transporte y el tejido empresarial.
PAÍS VASCO CONCENTRA EL MAYOR ESFUERZO PRESUPUESTARIO Entre las comunidades con mayor volumen económico destacan País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que han articulado planes orientados a reforzar la liquidez empresarial, sostener el empleo y proteger sectores especialmente vulnerables al encarecimiento energético.
El mayor paquete corresponde al País Vasco, con 1.047 millones de euros destinados a conformar un “escudo industrial” orientado a la protección del empleo, el apoyo financiero a pymes y el refuerzo de la autonomía energética.
En un segundo puesto, Cataluña prevé movilizar 400 millones de euros para proteger el poder adquisitivo de las familias y garantizar la continuidad de la actividad económica en los sectores más afectados.
Por su parte, la Comunidad Valenciana ha anunciado más de 300 millones de euros en medidas dirigidas a
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