El Gobierno de Ayuso inicia los trámites para crear el registro de objetores al aborto como le ordenó la Justicia

La Comunidad de Madrid ha publicado en el Portal de Transparencia el proyecto de orden para crear este listado, cuyo objetivo final es que se pueda garantizar la prestación en la sanidad pública La Justicia ordena a Ayuso que ponga en marcha el registro de objetores del aborto La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del registro objetores del aborto en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Justicia .

En concreto, el Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad para consulta pública el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia.

Con este trámite se abre el periodo de 30 días hábiles contados a partir de mañana para presentar alegaciones.

En la memoria del proyecto, la Comunidad de Madrid alude a que el texto pretende dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenaba al Gobierno regional a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores.

En el apartado de ‘Posibles soluciones alternativas’, añade: “La alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”.

El funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

En su resolución, el TSJM atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad.

Aunque la resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El citado órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un

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