El déficit crónico y los gastos de la dana dispararon en 3.605 M la deuda de la Generalitat valenciana en 2025
La Generalitat valenciana no logró contener su endeudamiento en el ejercicio de 2025.
Tras un primer semestre de cierta moderación , la Administración autonómica cerró el ejercicio con 3.605 millones más de pasivo, hasta un total de 63.934 millones en el balance, según acaba de publicar el Banco de España.
Es el territorio con mayor porcentaje de deuda sobre su Producto Interior Bruto regional, un 40,7%, de nuevo al mismo nivel que en 2024, pese a haber sido una de las autonomías más dinámicas el año pasado, con un crecimiento del 3,2%, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Más allá del análisis de la letra pequeña de la ejecución de ingresos y gastos de la Generalitat el año pasado, todavía pendiente de auditoría por la Sindicatura de Cuentas , el coste de la parte de la reparación y reconstrucción de la dana que corresponde al Consell y un déficit cronificado como consecuencia de la infrafinanciación explican que la deuda haya crecido.
Incluso en un entorno de fuerte crecimiento de la recaudación fiscal y una aportación récord del sistema de reparto actual de recursos por parte del Estado a las comunidades autónomas, hasta 15.921 millones en entregas a cuenta y liquidaciones del Ministerio de Hacienda , en el caso valenciano.
En un contexto de aumento de ingresos y gastos, la Generalitat cerró el ejercicio con un déficit de 2.411 millones de euros , 159 millones menos que en 2024, pero siendo la autonomía con mayor desequilibrio presupuestario de España, un 1,54% sobre el PIB , muy lejos del 0,1% del objetivo de estabilidad marcado para los territorios.
La deuda generada por la respuesta a la dana generó algo más del 40% del nuevo endeudamiento.
La Generalitat que preside desde finales del año pasado Juanfran Pérez Llorca, tras suceder a Carlos Mazón, ejecutó hasta el 31 de diciembre 1.520 millones en obras y pagos de ayudas vinculadas a la reparación de la riada del 29-O.
Tenía deuda autorizada de 2.364 millones para afrontar esas políticas y dejó 829 millones sin ejecutar, lo que le ha valido las críticas de la oposición socialista.
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