Del país de los propietarios al país de los especuladores
La noticia de que el Ministerio de Consumo haya enviado una comunicación a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en los supuestos que marca el decreto ley ilustra muy bien este cambio social España es y ha sido un país de propietarios.
La falta de un parque público de vivienda en alquiler, el acceso al crédito en los años anteriores a la crisis financiera de 2008 y una cultura extendida de que alquilar es tirar el dinero y que ha vinculado la emancipación y el matrimonio con firmar una hipoteca han favorecido que la mayoría de los españoles quieran ser, y la mayoría lo son, dueños de la casa que habitan.
Sin embargo, la especulación feroz de la vivienda ha provocado, por un lado, la entrada masiva de fondos de inversión extranjeros en el mercado inmobiliario español y el surgimiento de una nueva clase social, el rentista, ciudadanos que se enriquecen acumulando propiedades y extrayendo riqueza a través del alquiler de otros ciudadanos en situación menos favorable, esto es, los que no pueden comprarse una casa.
La desigualdad en España está creciendo precisamente a través de la brecha patrimonial: el trabajo o el emprendimiento han perdido fuerza para escalar socialmente, y es mucho más lucrativo y menos esforzado hacerlo a través de la acumulación de viviendas y que sean los inquilinos los que trabajen para el casero.
La noticia de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 haya enviado una comunicación a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en los supuestos que marca el decreto ley ilustra muy bien este cambio social.
Cien mil viviendas en 13 manos.
Dirán ustedes que son fondos de inversión e inmobiliarias que representan a miles de inversionistas pero el dato sigue siendo escandaloso, ya que dibuja un panorama desolador de la vivienda, que ya no es un bien social ni un derecho ni la condición necesaria para una vida digna: es mero objeto de especulación.
Echemos la vista atrás.
En 2006, España contaba con algo más de 20 millones de bienes inmuebles ur
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