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Koldo García pide amparo al Constitucional en un último intento por tumbar el juicio del caso Mascarillas

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Busca anular el auto de 3 de marzo por el que el Tribunal Supremo daba luz verde de forma definitiva a la celebración del juicio programado para el 7 de abril El PP plantea citar en el Senado a Puente, Ábalos, Koldo y Raquel Sánchez por el accidente de Adamuz Koldo García agota la última vía para tratar de suspender el juicio que arranca el 7 de abril y en el que se verá si tanto él, como el exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama se hicieron con comisiones ilegales gracias a amañar los contratos para la adquisición de mascarillas en favor de la empresa Soluciones de Gestión.

La defensa del exasesor ministerial considera que el Tribunal Supremo no debe ser quien le juzgue y, tras agotar la vía del recurso ante el Alto Tribunal, se dirige ahora al Tribunal Constitucional, al que pide amparo para que suspenda la última resolución, de cuestiones previas, que allanaba el camino a la celebración de la vista oral para el regreso de Semana Santa.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es , la defensa cree que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva dado que los magistrados del Supremo que le juzgarán no han dado respuesta a sus pretensiones en esa resolución de 3 de marzo.

También considera que se ha vulnerado su derecho a un proceso con garantías porque no se ha aceptado la recusación de hasta cinco de los magistrados, y suma a esto que también se ha violado el principio de igualdad y del juez predeterminado por la ley puesto que entiende que donde debería ventilarse el asunto es en la Audiencia Nacional dado que Ábalos ha dejado de estar aforado porque que ya no es diputado.

En 25 páginas, la letrada del ‘chico para todo’ de Ábalos vuelve sobre los mismos argumentos que expuso ante el Supremo en su incidente de nulidad y afea a los magistrados, una vez más, que no cursaran ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión prejudicial que plateó para que se elevaran a esa instancia las dudas sobre la correcta interpretación del derecho al juez predeterminado y el derecho a un proceso equitativo.

Lamenta que la Sala de lo Penal del Supremo haya “ignorado” hitos procesales relevantes como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 24 de

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