Castilla-La Mancha aprueba este martes denunciar al Gobierno por el trasvase Tajo-Segura
oledo, 31 mar (EFE).- El Gobierno del socialista Emiliano García-Page tiene previsto aprobar este martes una demanda contra el Gobierno de España para reclamarle que modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, en cumplimiento de varias sentencias del Tribunal Supremo.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha exigirá así, por vía judicial, la ejecución de unas sentencias que avalan la obligatoriedad de establecer y aplicar caudales ecológicos en el río Tajo y que supondrían una reducción de los caudales hacia el Levante español.
Una decisión “dolorosa”, según argumentó el pasado viernes García-Page, que supone un paso más en la reivindicación histórica del Gobierno castellanomanchego por reducir el volumen de agua de ese trasvase.
El PSOE de Castilla-La Mancha ha refrendado este nuevo paso judicial, que se produce contra un Gobierno socialista, mientras que el PP regional ha afirmado que “por supuesto” que va a “estar en la demanda” que el Gobierno autonómico tiene previsto presentar, entre críticas al volumen de agua trasvasado durante este año.
La Junta da este paso para buscar dar cumplimiento a una serie de sentencias del alto tribunal que, desde 2019, ha dictado que los caudales ecológicos del río Tajo deben respetarse como condición previa a otros usos del agua, incluidos los trasvases.
Uno de los últimos pronunciamientos del Supremo, que se produjo en mayo de 2025, recogía que esos caudales debían alcanzarse “de forma inmediata” y no de forma escalonada.
Como consecuencia de estas sentencias, el Ministerio para la Transición Ecológica planteó el pasado año una modificación de las reglas de explotación del trasvase basada en un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), con el objetivo de adaptarlas a los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo y en varias ocasiones ha defendido que se deben cumplir esas sentencias.
La propuesta contemplaba una reducción progresiva de las derivaciones hacia el Levante, estimada hasta en un 40 % para 2027 y contó con el rechazo explícito de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, que consideran que esas nuevas reglas de explotación sería una “sentencia de muerte” para su agricultura.
Sin embargo, esta modificaci
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