Lloret de Mar y la familia del expresidente de Kazajistán pactan la reapertura del camino litoral cerrado hace 17 años
El Ayuntamiento firma un convenio con la propiedad para que costee las obras del nuevo trazado tras la condena del Tribunal Supremo en 2023 que obligaba a restablecer el paso Un sendero y 15 años de litigio: el caso de la mansión de la familia del expresidente de Kazajistán en la Costa Brava Uno de los conflictos urbanísticos más enquistados de la Costa Brava, el de Can Juncadella, está cerca de resolverse.
El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha alcanzado un acuerdo con la familia del expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, para que reabran el sendero litoral que cerraron sin permiso hace 18 años y que la Justicia les obliga a restablecer desde hace tiempo .
El convenio, según ha podido confirmar elDiario.es , prevé la creación de un nuevo trazado, después de que el anterior quedara desdibujado por las actuaciones de la propiedad, y también establece que tanto el coste de la redacción del planeamiento urbanístico como el de la ejecución de todas las obras necesarias correrá a cargo de la propiedad.
Tras un período de exposición pública, se someterá a votación en el Pleno Municipal y deberá recibir el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat en Girona.
El acuerdo entre consistorio y Flinder Data SL, la empresa de la familia kazaja, acerca el punto y final a una disputa que se remonta a 2007, cuando los Nazarváyev compraron Can Juncadella, una finca de unas 20 hectáreas de bosque en el Macizo de Cadiretes, una zona de Especial Interés Natural entre Lloret de Mar y Tossa de Mar.
Los propietarios, que sobre el papel eran la hija y el yerno de Nazarbáyev, cerraron al cabo de poco el paso del Camí de Ronda que discurría entre los acantilados y su nueva residencia vacacional, lo que desató las quejas de vecinos y ecologistas.
Durante años, sus actuaciones en la finca acumularon expedientes y denuncias.
En 2010 les multaron por verter más de 100 m 3 de arena sobre los guijarros de una pequeña salida al mar, la Cala Rajols.
También les abrieron expediente municipal por una piscina que ellos negaban que fuera tal, y recibieron sanciones por las vallas que colocaban en el camino.
Tras una década de disputas judiciales y de quejas ecologistas, en 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluny
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