PSOE pide prisión provisional para el ex 'número dos' de Interior con Rajoy por riesgo de fuga ante el juicio Kitchen
El PSOE ha solicitado este lunes prisión provisional para el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez con el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2013 y 2016, por considerar que hay riesgo de fuga antes del comienzo del juicio, el 6 de abril, sobre la ‘Operación Kitchen’, el presunto operativo parapolicial orquestado para robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En una petición a la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE también pide prisión preventiva por riesgo de fuga para el comisario Andrés Gómez, para asegurar la presencia en el proceso judicial de ambos y “garantizar el normal desarrollo de la vista oral y la efectividad de una eventual sentencia condenatoria”.
El PSOE argumenta que no se ha realizado ninguna investigación sobre la capacidad económica de los procesados o no se le ha facilitado el acceso a esa información si existe.
Los socialistas, que ejercen la acusación popular en el caso, señalan que Martínez está acusado de delitos cuyas penas exceden “sobradamente” los dos años de prisión por presuntos delitos de malversación, organización criminal, contra la intimidad, revelación de secretos o cohecho, entre otros.
Además, apuntan que el ex secretario de Estado está casado con una mexicana, por lo que “viaja habitualmente a México por motivos familiares”.
Asimismo, el PSOE recuerda que Martínez está imputado por presuntamente pertenecer a una organización criminal que cometía ciberataques contra bases de datos de la Administración Pública, y que por esta causa estuvo en prisión preventiva hasta junio de 2025, así como que está siendo investigado por el caso ‘policía patriótica’ contra el partido Podemos.
SOSPECHA DE SI PUDIERA TENER OTRAS CUENTAS Por ello, los socialistas consideran que “presuntamente tendría una trayectoria delictiva que abarcaría desde el año 2013 hasta 2025, fecha de su última detención e ingreso en prisión”.
Al mismo tiempo incide en que, pese a las acusaciones, Martínez continúa ejerciendo como funcionario público como letrado de las Cortes, señalando que es “difícil de explicar cómo se compatibilizan los frecuentes viajes transnacionales, las cargas familiares y el coste de la defensa letrada en tres causas penales de especial complejidad con la percepción de un sueldo público que, conforme al régimen de incompatibilidades, difícilmente puede complementarse con actividades privadas”, por lo que sospecha de que Martínez disponga de otras cuentas de ingr
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