Asociación progresista israelí recurre al Supremo la ley de pena de muerte a 'terroristas'

Jerusalén, 30 mar (EFE).- La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés) presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Supremo contra la ley para la pena de muerte contra ’terroristas’, destinada a aplicarse en palestinos de Cisjordania y aprobada hoy mismo por el Parlamento nacional. “La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Supremo en el que exige la anulación de la Ley de pena de muerte para terroristas, aprobada hoy, 30 de marzo de 2026, por la Knéset (el Parlamento)”, recoge un comunicado publicado en el momento en que se conoció que la aprobación.

El texto aprobado establece la pena de muerte por la horca a condenados por asesinato con motivos terroristas (dañar al Estado de Israel o sus residentes).

Mientras que para los palestinos de Cisjordania impone la pena capital a los tribunales militares que los juzgan -una obligación con excepciones no definidas-, en el caso de que un israelí fuera sometido a juicio por ello permite sentenciar a cadena perpetua y añade más requisitos para imponer la pena capital.

ACRI recurre la norma aludiendo a dos argumentos legales: el Parlamento de Israel no tiene soberanía sobre Cisjordania, territorio palestino ocupado; y que la propia ley es inconstitucional al violar el derecho a la vida, a la dignidad humana, a un proceso con las debidas garantías y la igualdad.

Sobre la carencia de soberanía, establece: “Según el derecho internacional que regula la ocupación militar, la autoridad legislativa recae en el comandante militar, y no en la Knéset”. “Aunque la Knéset ha aprobado anteriormente leyes para aplicar la legislación israelí a los colonos israelíes, esta ley es radicalmente diferente: se aplica a la población palestina protegida”, continúa.

Que el Parlamento apruebe esta condena a muerte aplicable a palestinos (que serían sentenciados por mayoría simple de un tribunal militar) es un paso más a la anexión de facto de Cisjordania, sostiene el comunicado.

Respecto a su inconstitucionalidad, alega que elimina los mecanismos que suplen las fallas del sistema judicial: “Suprime el requisito de unanimidad en los tribunales militares, permite a los jueces imponer la pena de muerte incluso cuando los fiscales no la solicitan y elimina cualquier oportunidad significativa de pedi

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