Cumplir la ley también es urgente, incluso para un Consejo con 500 años de historia
No es un problema técnico, sino de derechos.
Siete años después seguimos discutiendo si puede desarrollarse reglamentariamente mientras millones de personas ven vulnerados sus derechos por el descontrol de la jornada laboral El Consejo de Estado falla contra el registro de jornada de Trabajo que boicoteó Carlos Cuerpo con dos informes Hay dictámenes que iluminan y otros que, con solemnidad, oscurecen lo evidente.
El reciente del Consejo de Estado sobre el registro de jornada pertenece a esta segunda categoría: no por lo que dice, sino por lo que decide no ver.
El registro horario no es una ocurrencia ni una excentricidad.
Nació en 2019 para responder a una realidad inquietante: millones de horas extraordinarias sin pagar ni cotizar.
Su propia exposición de motivos lo advertía con claridad: sin registro, las personas trabajadoras quedan indefensas y se facilitan jornadas por encima de los límites legales, con impacto en el salario, la conciliación y las cotizaciones.
No es un problema técnico, sino de derechos.
Siete años después seguimos discutiendo si puede desarrollarse reglamentariamente mientras millones de personas ven vulnerados sus derechos por el descontrol de la jornada laboral.
Resulta difícil no sorprenderse cuando, en nuestro ordenamiento jurídico, las jornadas especiales se regulan por real decreto desde 1995, pero el registro —ya establecido por ley— parece resistirse a ese mismo desarrollo.
Como si ordenar el tiempo de trabajo fuera aceptable, pero controlarlo efectivamente resultara sospechoso.
La paradoja es evidente.
El Consejo de Estado nació en 1526, bajo Carlos V.
Cinco siglos después, en plena era de algoritmos e inteligencia artificial, parece que pasar del papel al registro digital exige poco menos que una reforma constitucional.
Menos mal que su criterio no es vinculante, porque la recomendación, al mismo tiempo que pone barreras a los avances tecnológicos , nos devuelve al siglo XVI Y ello pese a que el propio dictamen reconoce lo esencial: el descontrol de la jornada es un problema grave que afecta a la salud, la conciliación y la competencia leal.
Es decir, admite el diagnóstico, pero rechaza el tratamiento.
Además, desplaza el debate hacia lo caricaturesco: la protección de datos.
De pronto, el problema no es trabajar gratis, sino registrar ese trabajo.
No se pr
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