El Supremo rebaja las costas que debe pagar el ex fiscal general al abogado de la pareja de Ayuso y las fija en 39.000 euros
Da la razón parcialmente a García Ortiz y admite que la cifra de 80.000 euros inicial era indebida y ahora estudiará si también era excesiva La Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Supremo ha acordado por decreto estimar parcialmente la impugnación realizada el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y rebaja la condena en costas procesales que debe abonar para cubrir la representación legal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Las fija en 39.000 euros.
En el decreto, recogido por elDiario.es, se indica que esta impugnación de las costas fue realizada tanto por el abogado del Estado en defensa de García Ortiz, como por la Fiscalía.
Consideraban que eran indebidas y excesivas.
Ahora, la estimación parcial de la impugnación por indebidas, con la consiguiente reducción del importe tanto de la minuta del abogado como del procurador, se debe a la exclusión aceptada por la letrada de la imposición de las costas de diferentes recursos, entre ellos los 18 de apelación resueltos por el Supremo en la causa, y que solo cabría imponer de haber mediado mala fe o temeridad.
En este sentido, el Supremo acuerda continuar la tramitación de la impugnación realizada por García Ortiz y la Fiscalía frente a la tasación de costas por excesivas, con remisión de las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española, para que se emita por el mismo el preceptivo informe del artículo 246.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o, designe a otro Colegio de la Abogacía para la realización conjunta con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Fuel el pasado 18 de febrero cuando trascendió que García Ortiz recurría la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debía abonar en virtud de su condena.
En un escrito, al que tuvo acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumentaba que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y proponía reducirla a 4.240 euros.
El ex fiscal general alegaba, entre otras cuestiones, que la condena incluía costas de la fase en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde no estaba imputado o actuaciones referidas a la fiscal Pilar Rodríguez, qu
原文链接: El Diario